Gobierno contempla acciones legales contra ciudadanos que demandaron al presidente

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DJóvenes

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El gobierno federal analiza la posibilidad de entablar procedimientos legales en contra de los ciudadanos que presentaron una demanda ante la Corte Penal Internacional (CPI) de la Haya en contra del presidente Calderón, los titulares del gabinete de seguridad y el líder del cártel del Pacífico, Joaquín “El Chapo” Guzmán, por crímenes de guerra y lesa humanidad. La denuncia fue presentada el pasado viernes, en ella se acusa al presidente y su equipo de ser responsables de la crisis humanitaria y grave violencia por la que atraviesa el país, esto a casi un año de que termine la gestión de Calderón Hinojosa.

Mediante un comunicado, la presidencia afirmó que las acciones legales se enfocarían hacia aquellos quienes realizan este tipo de aseveraciones “en distintos foros e instancias internacionales y nacionales” así como ante la opinión pública. Detalla que se revisan las alternativas legales ya que son “acusaciones temerarias que dañan no sólo a las personas e instituciones, sino que afectan terriblemente el buen nombre de México”. La presidencia, agrega el texto, considera que las violaciones no son sistemáticas ni parte de una política institucional. Por ello califica de absurda la demanda al equiparar al gobierno mexicano con Estados autoritarios

En el mismo documento, se explica que las imputaciones al gobierno de México son falsas y se califica de calumniosas las acusaciones, por lo que las considera de improcedentes. La presidencia asevera que en la estrategia para combatir el narcotráfico, los integrantes de las fuerzas federales que han actuado al margen de la ley son excepciones y no la regla. Además de que en todos los casos, apuntan, han sido condenados de forma enérgica y entablado acciones legales.

La demanda fue presentada por el abogado Netzaí Sandoval. En las 700 páginas que la conforman se encuentran pruebas de violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos así como abusos por parte de las fuerzas armadas, esto representado a través de más de 470 casos, declaró Sandoval. La demanda fue firmada por más de 23 mil ciudadanos mexicanos, 18,700 apoyaron a través de la versión online (petitiononline.com/CPI/petition.html) y 5 mil en impreso. La demanda se basa en el artículo 28 del Estatuto de Roma, en donde se indica que el jefe de las fuerzas armadas es el responsable de lo cometido durante su mandato.

En opinión de la presidencia, en el país hay “una democracia vibrante, con poderes independientes y equilibrados entre sí, autoridades en derechos humanos autónomas con un sistema de libertades y garantías”. En el comunicado se resaltan las recientes reformas en materias de Derechos Humanos y Amparo como muestras de que el gobierno calderonista tiene un compromiso con la ampliación de libertades. Los funcionarios demandados son: Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública; Guillermo Galván Galván, Secretario de la Defensa; Francisco Saynez Mendoza, Secretario de la Marina y además de autoridades, militares y narcotraficantes responsables de los crímenes de guerra en México.